Según el Banco Mundial, más de la mitad del PIB mundial se genera en sectores que dependen en gran medida de los servicios proporcionados por el medio ambiente. Sin embargo, la integridad y funcionalidad de estos activos naturales se ven cada vez más comprometidos, ya que entre el 60% y el 70% de los ecosistemas del mundo se están degradando más de lo que pueden recuperarse.
Para un eficaz funcionamiento del mercado, es imprescindible que los agentes económicos cuenten con reglas claras, objetivas y no discriminatorias. En ese escenario, cumplir con el estándar no es tarea sencilla y requiere que la información divulgada por los distintos cuerpos sea homogénea y esté alineada a los mismos objetivos.
Con el aumento paulatino de las obligaciones legales de las empresas; asegurar el cumplimiento de las normativas aplicables a la compañía, y en consecuencia evitar sanciones por parte de las autoridades competentes, se ha convertido en una actividad preeminente y desafiante.
Se entiende por Gobierno Corporativo el conjunto de normas, principios, políticas y procedimientos que regulan y definen la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una compañía. Establece y regula las relaciones entre los accionistas, el directorio, el equipo gerencial y con las partes interesadas, normando el proceso de toma de decisiones para la generación de valor de largo plazo.
Como definición de monitoreo ambiental entenderemos la mediciones y evaluaciones de variables físicas, químicas y biológicas de un ambiente identificado y por un período determinado de tiempo, con el objeto de medir los cambios que se pueden ir generando en el medio ambiente.
Cuando hablamos de los aspectos sociales dentro de los criterios ESG, nos referimos a políticas y prácticas organizacionales relacionadas con los derechos humanos, la ética empresarial, la gestión de la cadena de suministro, la inclusión, la seguridad y salud de los trabajadores y los impactos sociales que resultan de las operaciones corporativas.
Las prácticas ESG han tomado un papel predominante en el mundo empresarial y se han convertido en un requisito para las empresas. Cada vez más inversionistas buscan destinar su dinero en organizaciones que se alineen a buenas prácticas en los ámbitos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Con esta nueva tendencia, evitar simular cumplir con los criterios ESG es uno de los grandes retos que enfrenta el mercado. Esta práctica denominada greenwashing es el intento por parte de una organización de hacer que sus productos o servicios, y ella en sí, parezcan sostenibles cuando en realidad no lo son.
Latinoamérica es una de las regiones más golpeadas por el cambio climático en el mundo. Brasil, México, Venezuela, Chile y Argentina son los países con más altas probabilidades de experimentar sequías extremas anuales. Para combatirlo, los países han implementado políticas nacionales de finanzas sostenibles. Es decir, han empezado a tomar en cuenta los factores sociales y medioambientales en las decisiones de inversión a largo plazo.
Cuando se habla de la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental empezamos a sentir que vamos cuesta arriba, pero no tiene por qué ser una tarea titánica. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, y lo importante es comenzar con algo suficiente para ir perfeccionándolo en el tiempo.
La preocupación social por un desarrollo económico sostenible ha provocado que los inversionistas requieran de mayor información ESG para determinar dónde estarán mejor protegidos sus intereses. Las normativas, por su parte, no se han quedado atrás y se han adaptado a este nuevo panorama. Es en este contexto en el que la Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF) publicó la Norma de Carácter General 461, la que incorpora temáticas de sostenibilidad y gobierno corporativo en la Memoria Anual de las organizaciones.
