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Cuando hablamos de los aspectos sociales dentro de los criterios ESG, nos referimos a políticas y prácticas organizacionales relacionadas con los derechos humanos, la ética empresarial, la gestión de la cadena de suministro, la inclusión, la seguridad y salud de los trabajadores y los impactos sociales que resultan de las operaciones corporativas.  

Las prácticas ESG han tomado un papel predominante en el mundo empresarial y se han convertido en un requisito para las empresas. Cada vez más inversionistas buscan destinar su dinero en organizaciones que se alineen a buenas prácticas en los ámbitos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Con esta nueva tendencia, evitar simular cumplir con los criterios ESG es uno de los grandes retos que enfrenta el mercado. Esta práctica denominada greenwashing es el intento por parte de una organización de hacer que sus productos o servicios, y ella en sí, parezcan sostenibles cuando en realidad no lo son. 

Latinoamérica es una de las regiones más golpeadas por el cambio climático en el mundo. Brasil, México, Venezuela, Chile y Argentina son los países con más altas probabilidades de experimentar sequías extremas anuales. Para combatirlo, los países han implementado políticas nacionales de finanzas sostenibles. Es decir, han empezado a tomar en cuenta los factores sociales y medioambientales en las decisiones de inversión  a largo plazo.

Cuando se habla de la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental empezamos a sentir que vamos cuesta arriba, pero no tiene por qué ser una tarea titánica. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, y lo importante es comenzar con algo suficiente para ir perfeccionándolo en el tiempo.

La preocupación social por un desarrollo económico sostenible ha provocado que los inversionistas requieran de mayor información ESG para determinar dónde estarán mejor protegidos sus intereses. Las normativas, por su parte, no se han quedado atrás y se han adaptado a este nuevo panorama. Es en este contexto en el que la Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF) publicó la Norma de Carácter General 461, la que incorpora temáticas de sostenibilidad y gobierno corporativo en la Memoria Anual de las organizaciones.  

Chile es el segundo productor de salmón en el mundo después de Noruega, concentrando el 26% de la producción mundial. Durante el 2020, el país latinoamericano cosechó 1.043.144 toneladas según el Consejo del Salmón de Chile. Mantener una producción de esta envergadura de manera meticulosa requiere de una mirada ecosistémica que incluya la gestión de residuos industriales, vinculación con las comunidades en las áreas de influencia y una correcta gestión de responsabilidades legales.

Las señales son muy claras, nuestro planeta está enfrentando desafíos críticos y nos está exigiendo responder de manera seria y oportuna. El cambio climático, los desastres naturales, los riesgos ambientales y la creciente presión sobre los recursos naturales están impulsando la sostenibilidad como un pilar estratégico en las organizaciones.

En el debate internacional sobre el progreso económico futuro, el concepto de desarrollo sostenible se ha convertido en un elemento central. Nuestros estilos de vida y formas de hacer negocios han cambiado rápidamente. En estos avances, y en la definición de nuevos modelos de desarrollo, el componente ambiental ha tomado cada vez más protagonismo.

En medio de presiones para enfocarse en la medicina preventiva, una compañía farmacéutica amplió su abanico de stakeholders para incluir a los pacientes, sus familias y el planeta; empoderando a los grupos de trabajo para impulsar su nueva estrategia potenciada por un propósito.   

Algo que ha adquirido cada vez más importancia en las compañías a lo largo del tiempo es la incorporación de los compromisos ambientales en los objetivos estratégicos de la empresa. Además de estos compromisos internos, toda organización debe cumplir con una serie de normativas a nivel nacional. Aquí te mostramos cómo identificar y abordar las normativas ambientales aplicables a tu negocio.